El terremoto de 1746 no solo fue una catástrofe natural devastadora para la ciudad de Lima y el puerto del Callao, sino también un punto de inflexión que expuso las debilidades estructurales, sociales y políticas del virreinato peruano. La respuesta del virrey José Antonio Manso de Velasco fue rápida y enérgica, orientada no solo a la reconstrucción física de la ciudad, sino también a una reorganización institucional que reforzara el control virreinal. Podemos interpretar que las decisiones tomadas durante la reconstrucción no solo respondieron a criterios de seguridad o funcionalidad, sino que también cumplieron una función política. Se introdujeron regulaciones estrictas sobre los materiales y las alturas de las construcciones —limitando, por ejemplo, la edificación en adobe y restringiendo la altura de los edificios— con el argumento de evitar nuevos desastres, pero que al mismo tiempo permitieron una estandarización urbana que facilitaba el control visual y militar del espacio público. Del mismo modo, la reorganización de calles y plazas, y la construcción de edificaciones con trazados más simétricos y racionales inspirados en el urbanismo ilustrado, reforzaron una jerarquía espacial que representaba el orden colonial. Estas reformas priorizaron la restauración de iglesias, edificios administrativos y espacios de representación del poder, como la plaza mayor, relegando las necesidades de los sectores populares y marginados. En definitiva, aunque el terremoto generó la oportunidad para una renovación urbana, esta fue utilizada principalmente para reafirmar la autoridad del virrey y los valores de la corona española. La catástrofe no solo transformó el paisaje urbano, sino que también reveló cómo la arquitectura y el urbanismo podían ser utilizados como instrumentos de poder para consolidar un sistema colonial basado en la desigualdad y el control.